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Las administraciones públicas podrán ofrecer WiFi urbano gratuito, y
sin limite de tiempo, siempre que se cumplan dos grandes condiciones:
que la cobertura de la red inalámbrica no alcance el interior de las
viviendas y que la velocidad de la conexión no supere los 256 kilobytes
por segundo (kbps). Estas conclusiones se desprenden de un
anteproyecto de circular, elaborado por la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones (CMT), en el que se establecen las nuevas propuestas
del regulador para la explotación de los servicios públicos de acceso a
Internet por parte de las Administraciones Públicas.
Estas primeras condiciones todavía deben superar un proceso de consulta pública, pero todo apunta a que la decisión definitiva será muy parecida a la recomendada por la CMT.
No desde casa A grandes rasgos, la CMT se muestra a favor del desarrollo del WiFi gratuito en la calle, pero cuidando
de que los usuarios no puedan disfrutar de estos accesos desde sus
domicilios y, al mismo tiempo, que la velocidad no sea competitiva con
la ofertada por los operadores de telecos comerciales.
El tránsito descendente de 256 kbps, cinco veces menor que el futuro
servicio universal (1 mega por segundo) puede resultar excesivamente
lento en cuanto los usuarios tengan que compartir la conexión,
circunstancia que será lo más habitual al tratarse de un servicio
público y gratuito. Las bibliotecas y los centros educativos culturales
podrán acceder a las WiFi públicas gratuitas, con independencia de la
velocidad a que se prestaran los servicios, ya que esas actividades "no
detraerían la demanda ni de conexiones fijas ni de móviles, siempre y
cuando éstas exigieran vinculación fehaciente con el servicio, por
ejemplo, disponer de carné de bibliotecas", explica el regulador.
La existencia de WiFi gratuito permitirá a los usuarios acceder a la Red a través de portátiles, teléfonos móviles, tablets o consolas de videojuegos.
Entre las prestaciones disponibles tienen especial interés todas
aquellas relacionadas con la telefonía móvil de VoIP a través de
empresas especializadas en esos servicios, como Skype o Truphone, cuyos
precios minoristas son "significativamente menores a los prestados
porTelefónica, especialmente por la necesidad de pagar el acceso
respecto del servicio telefónica", apunta la CMT. Amenaza para las 'telecos' Para
justificar que no existe riesgo de sustituibilidad de negocios, con el
consecuente menoscabo para los operadores, el regulador recuerda que para disfrutar de las prestaciones de la VoIP en el ámbito doméstico se necesita una conexión a Internet, "servicio que suele contratarse conjuntamente con el de llamadas nacionales por un precio incremental reducido".
También indican que "la penetración de los móviles con WiFi todavía
es reducida" y añaden que "la no existencia de una red inalámbrica en
todo el país, los consumidores no tendrían el servicio disponible en
todo momento y lugar, a diferencia de la red móvil". |